En los primeros seis meses de 2025, Medellín registró 157 homicidios, un 9 % más que en el mismo periodo de 2024. Aunque disminuyeron los hurtos, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y la extorsión, el aumento de asesinatos pone en duda la efectividad de la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá que hace parte de la estrategia de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
En el 2023, el Gobierno nacional instaló una mesa de conversación socio-jurídica en la cárcel de Itagüí con voceros de estructuras armadas de alto impacto del Valle de Aburrá, con el fin de consolidar la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. De allí han surgido compromisos como la suspensión de homicidios entre grupos, el desmonte de fronteras invisibles y la reducción de extorsiones en al menos 45 barrios de Medellín. Sin embargo, aún no hay un marco legal definido, la impunidad continúa en un 92 %, y el control social de las estructuras persiste, aunque en menor escala.
Esta mesa conocida como Espacio de Conversación Sociojurídico del Valle de Aburrá, surgió como parte de la estrategia nacional de la Paz Total impulsada por el Gobierno nacional. Actualmente participan 8 voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto —principalmente vinculadas a la Oficina del Valle de Aburrá— y 6 representantes de la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, con acompañamiento de delegados de sociedad civil, como el Comité de Impulso de la Sociedad Civil para la paz urbana.
En este espacio el Gobierno nacional busca lograr La paz urbana en Medellín con el desescalamiento de las violencias y el desmonte de la criminalidad dando paso a las transformaciones territoriales a partir de una cultura de paz, haciendo parte de ello también a las comunidades y a la sociedad civil. Pero, el proceso todavía no le pone un alto al control social y territorial de las estructuras armadas en la ciudad.
¿Cómo va la paz urbana en Medellín?
Hasta el momento el canal de diálogo entre el Gobierno nacional y voceros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, se mantiene en pie y aunque no se ha firmado ningún acuerdo, los más de 20 encuentros han generado lo que se denominan ‘acuerdos mínimos’, como la reducción de homicidios entre estructuras, la eliminación de fronteras invisibles, la suspensión de la vinculación de menores y la disminución de la presión extorsiva sobre comerciantes.
Si bien el Informe acumulado 2025 de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín refleja una disminución en diferentes delitos recurrentes en las comunas de la ciudad, el control social persiste con presencia en dinámicas de la vida cotidiana, como lo es la intervención en conflictos familiares ejerciendo el papel de autoridad, la logística de celebraciones infantiles y el cobro “voluntario” de cuota de seguridad en algunos locales.
De acuerdo con el informe Una mirada a la paz urbana en el Valle de Aburrá, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta mediados de 2024, se habían realizado más de 20 encuentros formales, con intención de avanzar hacia la paz urbana en Medellín, en la que se discutieron compromisos voluntarios de las estructuras relacionados con la reducción de violencias, la eliminación de fronteras invisibles y la suspensión de prácticas como la extorsión y el reclutamiento de menores.
Transformación de la criminalidad
Luis Fernando Quijano, defensor de derechos humanos, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y director de Análisis Urbano, explicó que los antes llamados grupos ilegales, han tejido una red de poder pasando de ser bandas barriales, a formar estructuras con presencia estable en más del 80 % del Valle de Aburrá. “Hoy no se puede hablar de bandas. Lo que hay son estructuras con capacidad organizativa, económica y territorial”.
Esa transformación de la criminalidad, también se refleja en los tipos de violencia que aumentan o persisten en silencio. Según el informe de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín aunque las cifras muestran una disminución del 30 % en el hurto a personas y del 21 % en extorsión, los delitos como los feminicidios y los asesinatos relacionados con hurtos, continúan sin hacer mucho ruido.
En lo que va del año, se han reportado al menos 12 homicidios por hurto y 9 feminicidios. Para el defensor de derechos humanos Quijano, esto indica que la violencia se ha adaptado a nuevas formas, y que las cifras generales no captaron esa complejidad, porque no están categorizadas correctamente. “La violencia mutó, y se está expresando de otras formas”, dice.
Según el documento de la FIP, estos compromisos han tenido efectos reales en ciertos barrios, aunque su sostenibilidad depende de que el Estado asuma un papel más claro. “Estos acuerdos no constituyen por sí solos una solución estructural”, advierte el documento, “pero han incidido en prácticas armadas y en la percepción de seguridad local”.
Andrés Marín, habitante de la comuna 5 lo ha vivido desde su farmacia ubicada en medio de una frontera invisible en el barrio Castilla. Durante años fue víctima de extorsión semanal. Hoy, aunque la presencia de diferentes grupos armados no ha desaparecido, siente que la presión se redujo. “Nos dijeron que no pagáramos más. Y así fue. A final de año, uno hace un aporte voluntario, pero ahora eso lo usan para actividades con los niños”, relata.
En el 2013 sobrevivió a una bala perdida producto de un enfrentamiento en la esquina donde está ubicada la farmacia que durante más de 25 años ha pertenecido a su familia. En varios momentos tuvo que atender a jóvenes heridos vinculados a estos grupos. “Me tocó atender a algunos muchachos baleados. Incluso me tocó ir a curar a uno a una casa, donde me llevaron hasta vendado los ojos. Me dijeron: ‘No se preocupe, lo vamos a cuidar’”, recuerda.
Actualmente, Andrés no conoce sobre cómo va la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá porque no ha escuchado nada sobre el proceso, pero está convencido de que la situación en términos de violencia ha mejorado: “Antes no se podía cruzar de una cuadra a otra, porque los de arriba eran enemigos de los de abajo y en esta esquina se encendían a bala, ahora yo me siento seguro, además ya el que roba por aquí es porque se viene desde otro barrio a robar, los muchachos lo cuidan a uno”.
Hay una tregua, pero no una solución
Sin embargo, para algunos analistas, esa “calma” en los territorios no es paz, sino tregua. Carlos Andrés Zapata, abogado y presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), considera que los indicadores actuales deben leerse con cuidado. Aunque los homicidios aumentaron este semestre, Medellín viene de una reducción histórica en los últimos años. “Desde 1937 no teníamos una tasa tan baja. Hoy estamos cerca de los 10 homicidios por cada 100 000 habitantes”, señala.
Para el presidente del IPC la disminución tan significativa en este tipo de delito es por la capacidad de autorregulación de los grupos armados. “La reducción de homicidios tiene más que ver con acuerdos entre estructuras que con operativos o programas de gobierno”, afirma.
Zapata advierte, que el riesgo está en asumir esta tregua como una solución permanente. Porque para que la paz urbana en Medellín sea sostenible, se necesita una política integral que incluya justicia, economía legal y reparación para las víctimas urbanas, muchas de las cuales no están reconocidas por el Estado. “La Ley 1448 no recoge a las víctimas de estructuras urbanas. No hay ruta de reparación ni de indemnización para decenas de miles de personas afectadas en esta ciudad”, afirma.
La ley de víctimas que menciona Zapata, está dirigida a personas afectadas por guerrillas, paramilitares o fuerza pública entre 1985 y 2021, sin embargo, no contempla a las víctimas de estructuras criminales urbanas como la Oficina y el Clan del Golfo, lo que ha generado vacíos legales para algunas personas afectadas por la violencia urbana, como es el caso de algunos habitantes de las comunas de Medellín.
Para el abogado Zapata estos vacíos legales han contribuido a que persista la debilidad estructural del sistema judicial frente a las violencias urbanas. “La tasa de impunidad está por encima del 92 %. Eso fortalece a las estructuras. Delinquir sigue pagando”, menciona.
Avances y limitaciones
Diego Herrera, coordinador del área de paz de la Corporación Viva La Ciudadanía e integrante del Comité de Impulso de la Sociedad Civil para la paz urbana señala que, aunque no hay una firma formal, sí existe un proceso en marcha con compromisos verificables: la suspensión de homicidios entre estructuras, la reducción de la extorsión en al menos 45 barrios, el desmonte de fronteras invisibles y el control sobre el consumo de drogas en entornos escolares. “El proceso no es una mesa de negociación como se cree. Es un espacio de conversación socio-jurídica que busca generar transformaciones concretas”.
Herrera reconoce avances, pero también limitaciones para la paz urbana en Medellín entre ellas, la ausencia de un marco jurídico claro, la falta de participación del gobierno local y el riesgo de que el proceso quede atrapado en las disputas políticas. El evento del 21 de junio del presente año, cuando el presidente Gustavo Petro compartió tarima con voceros armados en La Alpujarra, lo ejemplifica: “Ese día se perdió una oportunidad pedagógica. En vez de explicar lo que ya se venía construyendo, se convirtió en una confrontación simbólica”.
Para quienes viven en los barrios, la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá no es una promesa institucional, sino una garantía para el cumplimiento de derechos básicos. Se siente o no se siente, cuando una mujer puede volver de noche a su casa sin miedo; cuando un comerciante puede abrir su local sin pagar vacuna; cuando un joven puede cruzar de una comuna a otra sin ser amenazado.
Aunque todavía falta mucho, quienes acompañan este proceso insisten en que detenerlo sería un error. Como resume Herrera: “Hay una sociedad civil activa, hay un proceso en curso, y hay una posibilidad concreta de transformación. Lo que necesitamos es que el Estado lo reconozca y lo respalde”.
A pesar de los esfuerzos, la Fundación Ideas para la Paz señala que, si bien hay una reducción de violencias visibles, en los territorios persisten formas de regulación ilegal que se expresan en el cobro informal de arriendos, la resolución de disputas entre vecinos y la imposición de normas no escritas que reemplazan la autoridad estatal. “En algunos casos, se pacta no solo dejar de matar, sino también limitar el cobro de extorsión o suspender el reclutamiento”, señala el informe. Pero estas prácticas, al no estar acompañadas por institucionalidad, pueden perpetuar el poder informal que ya ejercen estos actores.
Desde su experiencia como comerciante, Andrés Marín lo resume con una frase: “No hay policía que conozca más el barrio que ellos”. En su caso, prefiere no denunciar porque, aunque reconoce avances, no ve garantías reales. “Uno no denuncia porque ellos lo saben todo. Y uno vive aquí”, afirma.
Este tipo de tensiones cotidianas entre lo legal y lo que garantiza cierta estabilidad social han sido normalizadas también por la sociedad civil. En algunos barrios, las estructuras armadas han llegado incluso a prohibir el expendio de drogas cerca de escuelas o a mediar en conflictos familiares, roles que tradicionalmente deberían asumir las instituciones del Estado.
Falta de marco jurídico y una agenda nacional
Luis Fernando Quijano insiste en que el proceso no se puede reducir a si hay o no homicidios. Para el defensor, lo que está en juego es quién tiene el control del territorio, quién impone las reglas, y quién garantiza —o no— los derechos. “En muchos barrios, los grupos armados son quienes dictan justicia, quienes regulan precios, quienes deciden quién puede trabajar o no. Eso no ha cambiado”.
Lo que se necesita, para avanzar en la paz urbana en Medellín, agrega, es una intervención integral que no solo dialogue con los actores armados, sino que recupere la presencia institucional con programas sostenidos de educación, empleo y cultura comunitaria.
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Carlos Andrés Zapata coincide en que la sostenibilidad del proceso no puede depender solo de los gestos de las estructuras criminales. “Si el Estado no genera condiciones, si no construye alternativas económicas, si no reconoce a las víctimas urbanas, todo esto puede caerse”, señala.
La transformación de la violencia no significa su desaparición, sino su desplazamiento a formas más silenciosas, detalla el abogado. Y si el Estado no responde a tiempo, podría repetirse el patrón de rupturas que ya ha vivido Medellín en procesos anteriores. “Lo que se necesita no es solo paz con los grupos, sino justicia para las comunidades”.
Por su parte Diego Herrera, afirma que esa falta de articulación pone en riesgo los avances logrados hasta ahora. “Este proceso no le pertenece a ningún gobierno, sino a la ciudad. Y si no se le da continuidad, si no se convierte en política pública, el costo lo pagará la gente que ya empezó a creer que era posible otra forma de vivir”.
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