La crisis humanitaria en Antioquia se agudiza por la expansión de grupos armados ilegales. La violencia y las amenazas han provocado desplazamientos y restricciones, especialmente en zonas rurales. Con las elecciones cerca, crecen los riesgos para los líderes sociales. Cinco defensores de derechos humanos analizan la situación en el departamento.
La Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia (MHPA), que reúne a más de 40 organizaciones sociales entre indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos y de víctimas, alertó el pasado 9 de julio sobre la grave situación de derechos humanos en el departamento. Desde el 2019, y con mayor intensidad en los últimos meses, ocho de las nueve subregiones de Antioquia —Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte, el Occidente, el Oriente, el Suroeste, el Urabá y el Valle de Aburrá— enfrentan una crisis derivada de las disputas territoriales y sociales entre los grupos armados ilegales; en la subregión faltante —Magdalena Medio—, por su parte, se observa un renacimiento del paramilitarismo asociado a intereses económicos en la minería ilegal y enfrentado a los procesos de restitución de tierras.
Según el Informe sobre la situación de paz, derechos humanos y nivel de riesgo de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia en 2024, realizado por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), hay al menos tres grupos armados ilegales en el departamento: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con presencia en 66 municipios, es el grupo con mayor control territorial; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), desplegado en 33 municipios, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una estructura disidente de las extintas FARC-EP, que se ubica en al menos 19 municipios.
Crisis humanitaria
La presencia de estos actores armados en los territorios ha incrementado las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Según María Cecilia Bedoya, líder social, defensora de derechos humanos e integrante de la MHPA, esta situación ha provocado graves vulneraciones, como el desplazamiento forzado, el confinamiento, el asesinato de líderes sociales, la siembra de minas antipersona, el reclutamiento forzado de menores y diversas formas de violencia basada en género.
La lideresa detalló que las mujeres son las más afectadas por la presencia de estas estructuras, debido a que enfrentan mayores riesgos de violencia y desplazamiento forzado. “Nos asesinan, o desplazan a nuestros esposos e hijos. Como mujeres somos especialmente vulnerables ante el conflicto y la disputa territorial que imponen los grupos armados”, expresó durante la rueda de prensa realizada en la sede de la Corporación Jurídica Libertad en Medellín, en la que participaron líderes sociales y representantes de organizaciones sociales de las regiones.
El informe Tendencias globales de desplazamiento forzado, de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia (ACHUR), detalla que el confinamiento en Antioquia aumentó un 488 %, al pasar de 863 personas confinadas en el 2023 a más de 7663 en el 2024. Hasta mayo del 2025 se habían registrado tres eventos más de confinamiento, con 1542 personas afectadas en municipios como Segovia y Zaragoza.
En lo que va del año, 88 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país. De ellos, 11 casos se han registrado en Antioquia, quienes se dedicaban a actividades comunales, comunitarias, sindicales, políticas y en el liderazgo de la minería artesanal, según información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Dos hechos recientes han marcado a la comunidad de Segovia, en el Nordeste antioqueño. El 3 de marzo de 2025, Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como ‘Mongo’, fue secuestrado y asesinado por integrantes de las AGC. Era reconocido por su labor social y su participación en la Mesa Minera Segovia–Remedios, la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste de Antioquia, y como coordinador del Carnaval La Gigantona.
Meses después, Dayiston Correa Meneses, quien asumió la coordinación del carnaval tras el asesinato de Gallego, fue encontrado muerto con signos de tortura en una vivienda del barrio La Paz. Era promotor cultural y trabajaba por la memoria colectiva y la defensa del patrimonio cultural del municipio.
El control social de las estructuras armadas persiste en algunas regiones del departamento. Según Oliver Madrid, líder social indígena, defensor de derechos humanos e integrante de la MHPA, este tipo de dominio se da con mayor intensidad en ciertas áreas dependiendo de los intereses económicos y políticos. “Vienen implementando estrategias políticas y militares, orientadas a ejercer control sobre las juntas de acción comunal y sobre el territorio en general. Esta dinámica responde a una estrategia más amplia, de carácter militar, que busca consolidar su dominio local”, explicó.
El líder indígena agregó que cuando los grupos armados no logran controlar o manipular a los líderes u organizaciones sociales, comienzan a desprestigiarlos; para ello, difunden rumores o los señalan falsamente, lo que genera miedo, desconfianza y desanima a las comunidades a seguir organizándose. Esto termina debilitando la unión y el trabajo colectivo en las regiones.
La Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, un mecanismo de la sociedad civil que busca prevenir los riesgos que enfrentan los territorios a causa de la violencia, ha denunciado que, desde el 2019, se ha registrado una expansión de los grupos armados en varias subregiones de Antioquia, como el Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte, el Oriente, el Suroeste y Urabá, lo que ha intensificado la violencia, las disputas por el control territorial y las afectaciones a las comunidades locales.
José David Hernández, integrante de la MHPA y defensor de derechos humanos, advirtió que los grupos armados están entrando en territorios donde antes no tenían presencia ni control. “Estas avanzadas se están dando en zonas donde hay intereses económicos y políticos, como en los territorios donde se encuentran títulos de grandes multinacionales dedicadas a la extracción del oro; ejemplo de ello es el Suroeste”, afirmó.
La estrategia de expansión de los grupos armados se caracteriza por un fuerte control social sobre las comunidades y por su incursión en zonas estratégicas como territorios con actividad minera legal e ilegal, corredores del narcotráfico, rutas utilizadas para el paso de migrantes, así como en circuitos de economías ilícitas vinculadas al lavado de activos y la extorsión.
Expansión paramilitar
Pablo Barrios, antropólogo y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), detalló en entrevista con Hacemos Memoria y Breve Medio que la situación de derechos humanos en las regiones de Antioquia se encuentra en un punto de inflexión: “Uno de los motivos es el crecimiento de los grupos armados, que ocuparon el vacío que dejó el acuerdo de paz con las FARC. El Estado no logró llenar esos espacios, especialmente en cuanto a presencia institucional”.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, las AGC son la estructura armada ilegal con mayor presencia en Antioquia, con actividad en 66 municipios. De acuerdo con el informe de la CJL, este grupo es considerado como una continuación de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), porque ha seguido creciendo y fortaleciéndose con una nueva forma de organización, parecida al paramilitarismo de antes.
En junio del 2020, las organizaciones sociales Corporación Jurídica Libertad, el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunciaron una estrategia de esta organización, denominada “Plan mil”, que tenía como objetivo el control de la zona rural entre el Nudo de Paramillo y Urabá —un área que implica las subregiones del Norte, Bajo Cauca y Nordeste—, como corredor estratégico para transportar armas y drogas.
Esta estrategia de expansión territorial continúa vigente en la actualidad. Sergio Alejandro Sanz, abogado, defensor de derechos humanos e integrante de la MHPA, comentó también en diálogo con estos medios que el “Plan mil” de las AGC se vincula con la búsqueda de recursos, los intereses políticos y la connivencia con la Fuerza Pública. “El incremento en el precio del oro ha generado nuevos intereses en la explotación de este recurso mineral en Antioquia. Este es un factor que contribuye al cambio en la estrategia paramilitar, además de los factores militares y políticos”, explicó.
En otras subregiones, donde la economía depende de otros intereses y productos, como el Oriente antioqueño, la presencia de las AGC no se manifiesta como una fuerza armada visible, sino como una forma de control territorial: regulan las entradas y salidas, comparten información con las autoridades y dominan ciertas zonas. “En esta región su presencia es muy discreta. Allá es como si no existieran, como si no se vieran. La gente incluso se pregunta qué es lo que pasa; y, claro, uno ahí se da cuenta de cómo existen relaciones entre estos grupos paramilitares y sectores económicos y políticos, que les permiten negociar su presencia en los territorios de una manera diferenciada”, agregó Sanz, integrante de la MHPA.
La expansión de las AGC está ocurriendo en la mayoría de las regiones del departamento. El antropólogo Barrios señala que en algunas áreas como Urabá y gran parte del Occidente ya ejercen un poder hegemónico. “Pero en la zona del Norte y el Bajo Cauca, si bien siempre ha habido presencia de esta estructura, actualmente se registra una confrontación con las disidencias del Frente 36 y con el ELN. En este momento, estamos viendo focos muy graves de conflictividad armada”, señaló.
Barrios explicó que, entre el Bajo Cauca y el Nordeste, se evidencia una compleja situación de derechos humanos, específicamente en la zona que comprende municipios como El Bagre, Segovia, Remedios y Zaragoza. “Allí se presenta una disputa por el control de la minería, ya que hay enclaves en ambas subregiones. Desde hace casi dos años, se vienen registrando confrontaciones muy fuertes en ese territorio”, afirmó.
Elecciones en medio del conflicto
Con el proceso de elección presidencial que se avecina —en el 2026—, el abogado Sanz afirmó que es probable que haya una nueva transformación en la forma en que operan estos grupos armados. “Se espera que ejerzan presión sobre los liderazgos y las comunidades para influir en el voto”, advirtió.
Para él, estas estructuras están apostando a propuestas políticas, ya que tienen intereses directos en el poder, lo que generará un escenario complejo y difícil de interpretar. “Por eso, resulta fundamental garantizar medidas de autoprotección y autocuidado para los líderes sociales y las comunidades, con el fin de que puedan resistir y sobrevivir a una etapa electoral que se perfila como especialmente tensa y riesgosa”, afirmó Sanz, defensor de derechos humanos.
Por su parte, Barrios comentó que la violencia que hay en el departamento y en otras partes del país va a influir mucho en cómo se lleve a cabo la campaña electoral. “Esto puede limitar la participación de las personas y poner en riesgo el trabajo de los líderes sociales en sus comunidades”, agregó el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC.
Sanz coincidió con este pronóstico y mencionó que las estructuras armadas podrían estar dispuestas a recurrir a distintas formas de violencia para proteger sus intereses. “Lo que nosotros esperamos es una campaña llena de ataques y desinformación, y, lamentablemente, también mucha violencia en las calles como forma de presión para recuperar el poder”, afirmó.
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Con el fin de proteger a la población civil, la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia instó a los actores armados a acatar 13 mínimos humanitarios, entre ellos el cese multilateral del fuego y el respeto a los derechos humanos. Estas medidas incluyen la salvaguarda de la vida, la integridad de las comunidades, su autonomía, y el fin de prácticas como el reclutamiento forzado, los desplazamientos, las desapariciones, la violencia sexual y el uso de minas antipersona.
Frente a la crítica situación humanitaria en Antioquia, la instancia ciudadana, con el respaldo de las organizaciones sociales, instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a responder con celeridad y a coordinar sus acciones junto a las comunidades. Los defensores de derechos humanos subrayaron que cualquier iniciativa de paz territorial debe tener como eje la participación activa de la población civil, más allá de la actual política de Paz Total. Además, pidieron a los organismos de control vigilar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de prevención, protección y atención a la ciudadanía.
Lideres sociales asesinados en los últimos meses
La violencia contra líderes sociales continúa cobrando vidas y refleja la crisis humanitaria en Antioquia. En los últimos meses han sido asesinados William Arnulfo Marín, Iván Causil, Eucario Callejas y Hernando Acevedo, todos reconocidos por su trabajo en procesos comunitarios. Estos crímenes evidencian la persistente amenaza que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y promueven la organización social en territorios aún marcados por el conflicto armado.
William Arnulfo Marín era un reconocido líder social que se desempeñaba como miembro del comité de conciliación en equidad de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Castillo, zona norte del centro poblado de Puerto Claver, en el municipio de El Bagre, Antioquia. Este líder, de 39 años, fue citado por un grupo armado ilegal y posteriormente fue reportado como asesinado por Indepaz el 11 de mayo.
Iván Causil, reconocido líder indígena del pueblo Senú y miembro de la comunidad El Polvillo, en San Pedro de Urabá, fue asesinado el 5 de junio por actores armados mientras participaba en la construcción de una escuela en la vereda La Florida, en el municipio de Anorí. Según Indepaz, era pareja de Jessica Paola Rivera, recientemente elegida como consejera de Salud Propia e Intercultural de la Organización Indígena de Antioquia.
En Toledo, Antioquia, fueron asesinados los líderes sociales Eucario Callejas y Hernando Acevedo, quienes habían sido secuestrados previamente. Según Indepaz, los hechos habrían sido perpetrados por presuntos miembros de las AGC.
