Grupos armados en Medellín vulneran los derechos humanos

En Medellín, más de 100 estructuras armadas ilegales de diferentes tamaños y capacidades controlan el 85 % del territorio de la ciudad. Aunque la violencia por enfrentamientos entre estos grupos ha disminuido significativamente, en los últimos tres años se ha intensificado el control social y territorial mediante extorsiones, amenazas y acaparamiento de productos de la canasta familiar.

Las confrontaciones entre grupos armados en Medellín han disminuido de manera significativa en los últimos tres años, ello se ha reflejado en una reducción de hechos violentos, como los asesinatos. No obstante, esta disminución ha dado paso a otras formas de violencia, como el control social.

Para Carlos Zapata, abogado y presidente del Instituto Popular de Capacitación, IPC, esta situación se debe a que los grupos armados están respetando sus fronteras, lo que ha reducido las confrontaciones abiertas y, como consecuencia, han disminuido los homicidios y los desplazamientos forzados. “Esto se manifiesta en otros delitos menos evidentes para las autoridades, pero que son muy comunes, como la extorsión, el acaparamiento de productos básicos de la canasta familiar, el microtráfico y las amenazas”, comenta.  

Según datos de la Personería de Medellín, en 2023 hubo 375 homicidios, 268 desaparecidos, 16 secuestros, 1489 desplazamientos forzados, 840 extorsiones y 30 276 hurtos. Por otro lado, en lo que va del 2024, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín, se han registrado 139 homicidios, de los cuales 11 son mujeres y 128 hombres. Estos datos representan una reducción del 16 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 177 homicidios.

Control social y violencia 

Los actos  violentos en la ciudad han estado relacionados con la presencia de grupos armados no estatales involucrados en el conflicto armado interno y con estructuras del crimen organizado que ejercen control territorial y social en las comunas. Este dominio está basado en intimidaciones a la población civil convirtiéndose en violaciones a los derechos humanos. 

De acuerdo con Zapata, estas agrupaciones ilegales, aparte de controlar la venta de drogas y rentas ilegales, también regulan la convivencia y la justicia en las comunas, usurpando de algún modo las funciones que debería cumplir el Estado a través de sus diversas instituciones en los territorios. “Ellos están infiltrados en el tejido político y económico, han captado algunas juntas de acción comunal, acceden a la contratación pública mediante ONG fachada y tienen empresas propias”, dice.  

Algunas formas de financiamiento de estas organizaciones ilegales, según el informe Panorama general del crimen organizado en Medellín, elaborado por Innovations for Poverty Action y la Universidad EAFIT, se encuentran: “El hurto en algunas zonas de Medellín, la imposición de multas por mal comportamiento a los ciudadanos, el loteo de predios y el arriendo de bienes para actividades criminales, tales como armas o motocicletas”, se lee en el documento.

La investigación también detalla que, a un nivel más local, estas organizaciones al margen de la ley, también adquieren ingresos cobrando deudas personales y exigiendo pagos a establecimientos comerciales de los barrios. Además, controlan la venta de productos legales como los huevos y las arepas. A veces, les dan estos negocios a personas que forman parte del grupo o que son afines a ellos para que los manejen como si fueran negocios personales. Sin embargo, en algunas ocasiones, las propias estructuras también se involucran directamente en estos negocios.

Estos hechos victimizantes, ponen en riesgo a diversos grupos poblacionales como son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que representan casi la mitad de las víctimas de homicidios registradas en los dos últimos años, y a la vez, son utilizados para ser parte de estas estructuras para ejecutar actividades ilegales. Conforme con la Alerta temprana 032-2020 de la Defensoría del Pueblo, los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos también se ven afectados a través de amenazas y persecución. 

Además, el Informe señala que los sectores productivos, como el transporte y el comercio, se encuentran en situación de riesgo debido a extorsiones y amenazas contra la vida e integridad de sus miembros. También detalla que las mujeres son víctimas de graves vulneraciones a sus derechos, manifestadas en homicidios, feminicidios, así como en violencia sexual e intrafamiliar.

Max Yuri Gil, sociólogo y director del Instituto de Estudios Políticos, IEP, de la Universidad de Antioquia, indica que el actual accionar criminal vulnera la dignidad humana, operando bajo un orden híbrido en el que conviven la legalidad y la ilegalidad, y en el que se establece un uso regulado de la violencia. “ Los hombres jóvenes son los más afectados por hechos violentos como el homicidio, mientras que las mujeres son víctimas de violencias basadas en género”, afirma. 

Actores armados

Con base en los datos de la Policía Nacional, en la ciudad se identifican 10 grupos delincuenciales organizados, 73 grupos delincuenciales comunes organizados y 164 subgrupos o bandas delincuenciales. La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo clasifica a estas organizaciones al margen de la ley en tres niveles.

Los grupos armados ilegales de primer nivel son estructuras sucesoras del paramilitarismo. Entre ellos, se incluyen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se originan principalmente a partir de los facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en Urabá, como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), los bloques Bananero y el Elmer Cárdenas.

Lee también: El desplazamiento crece en Colombia, la atención sigue siendo limitada

Las estructuras de segundo nivel influyen en la criminalidad transnacional, como el tráfico de drogas, la trata de personas, el sicariato en el extranjero y prestamos gota a gota, lo que les permite acceder a armas fabricadas por empresas legales en países del norte, como Estados Unidos. Algunas de estas organizaciones son El Mesa, Los Chatas y Los Pesebreros.

En el tercer nivel, se encuentran aquellos que ejercen control dentro de los límites de su barrio, pero no llegan a controlar ni la mitad de una comuna o corregimiento. Estas organizaciones están conformados por pequeños colectivos de 10 a 15 personas que se organizan en torno a la comercialización y seguridad de una plaza de vicio, hasta grupos de entre 60 y 100 integrantes que realizan actividades más complejas, como el fleteo, el hurto de carros y motos, la extorsión, el cobro ilegal por servicios de seguridad violenta, paga diarios y cobro de deudas de forma violenta, entre otras. Algunos de ellos son Los 100, Los Pragas, La Agonía y la Oficina del Picacho.

La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo destaca que, varios de estos grupos han estado presentes en los barrios durante aproximadamente 40 años. Su presencia en el territorio, así como sus nombres y objetivos, han sufrido diversas transformaciones debido a múltiples conflictos y la captura de varios de sus miembros.

El documento también señala que, la presencia estructural de estas organizaciones ilegales en la ciudad mantiene una base arraigada en los diferentes sectores de la ciudad o incluso, un soporte de relevo generacional en familias, que tienen más de tres generaciones aportando personas a la ilegalidad. 

Para Julián Muñoz, abogado, profesor de la Universidad de Antioquia y coordinador del Grupo de Investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la misma institución, los integrantes de estas estructuras no son ajenos a las comunidades, ya que en su mayoría son habitantes de los mismos barrios. “Son los hijos de las señoras que han estado ahí toda la vida, son muchachos que han crecido allí”, expresa. 

Le puede interesar: Después de 27 años, un padre encuentra el cuerpo de su hijo

Muñoz añade que los jóvenes que integran las estructuras ilegales son reconocidos por los habitantes de las comunas debido a que han naturalizado la violencia en sus diversas manifestaciones, hasta el punto de considerar la extorsión como un impuesto.

Asimismo, el control social impuesto por las organizaciones delincuenciales ha hecho que las comunidades vean a los grupos armados como agentes de justicia, gracias a sus métodos para mantener el orden en los barrios. Aunque esto ha reducido la violencia entre estos grupos, su modus operandi ha llevado a un aumento en las desapariciones de personas, que quedan ocultas a la vista de la comunidad, como es el caso de los llamados “embolsados”.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento N°033-23, a la Alerta Temprana 032-20 para el municipio Medellín, Antioquia de la Defensoría del Pueblo, la capacidad de organización de estas estructuras criminales les ha facilitado realizar acuerdos de no agresión entre ellos. “A finales del año 2022, los grupos de crimen organizado formalizaron pactos de no agresión: entre menos muertos en los barrios, menos reflectores mediáticos y operativos de la Policía y la Fiscalía”, resalta el documento. 

El informe destaca que estas estructuras ilegales también establecieron que, cuando se asesinaba a una persona por purgas internas o por transgresión de las normas impuestas, como el robo o la violencia sexual, había que sacarla del barrio para que no se “calentara” y arrojarla a los cauces de las quebradas o al río Medellín.

El abogado Zapata, menciona que con esta práctica, los violentos no solo intentan ocultar el cuerpo, sino que también buscan enviar un mensaje a sus adversarios en las áreas fronterizas. “Está dirigido a los enemigos o a quienes intentan incursionar o vulnerar el control territorial de los grupos armados, estableciendo así un aviso claro sobre las consecuencias de dichas acciones”. 

También señala que arrojan los “embolsados” en las afueras de la ciudad, sobre la avenida regional que conecta Medellín con los municipios del norte y sur del área metropolitana. De esta forma, se desvincula toda conexión con la violencia ejercida por las estructuras del crimen organizado, registrándose los homicidios y las lesiones personales como hechos relacionados con temas pasionales o de intolerancia social.

Algunos de estos asesinatos, aunque aparentemente dirigidos a personas identificadas como miembros de estas organizaciones, también han sido cometidos contra familiares no involucrados en el conflicto, así como contra individuos señalados de colaborar con las autoridades, con el bando opuesto o simplemente por no pagar las extorsiones impuestas.

La violencia en el tiempo

A lo largo de los años, los grupos al margen de la ley en Medellín han ampliado significativamente su dominio territorial, lo que representa una amenaza constante para la población debido a las acciones de intimidación que llevan a cabo en diversas zonas de la ciudad. Este modelo comenzó a establecerse en 1960 y, aunque los actores puedan cambiar o permanecer en los territorios, ha evolucionado de manera continua, convirtiéndose en una amenaza estructural para la paz y la seguridad de los habitantes.

La violencia en la ciudad se intensificó con la aparición de bandas juveniles y luego se extendió a las milicias populares insurgentes. Con el tiempo, el control pasó a los carteles de la droga y las oficinas de cobro, seguido por el paramilitarismo y la guerra contrainsurgente. Posteriormente, la Oficina de Envigado y sus aliados han consolidado el dominio territorial.

De acuerdo con Zapata, presidente del IPC, las estructuras que operan actualmente en el territorio han adoptado y perfeccionado sus métodos de control social basándose en las tácticas de grupos anteriores. Esto les ha permitido consolidar su presencia y ejercer un control más efectivo sobre las comunas. “Las milicias aprendieron primero estás tácticas, luego los paramilitares las copiaron, y ahora estas organizaciones las utilizan”, dice.

Además, la Alerta temprana 032-2020 de la Defensoría del Pueblo, indica que los grupos violentos actuales han adoptado tácticas de control social de las antiguas milicias populares y de otras estructuras ilegales de izquierda. Ofrecen servicios de seguridad violenta en los barrios para prevenir delitos de personas externas. Esta situación, junto con la histórica falta de presencia del Estado, ha afectado significativamente a los habitantes de las comunas.

Lee también: La memoria es otra forma de mirar

El documento también indica que estas agrupaciones ilegales han aprendido de las organizaciones paramilitares tácticas contrainsurgentes que han impedido que las guerrillas retomen el control territorial en algunos sectores de la ciudad. Además, incorporaron métodos para someter a las comunidades mediante técnicas de terror y a través de trabajo político y social.

Después de casi medio siglo, la problemática sigue siendo la misma, a pesar de los picos y disminuciones de las confrontaciones violentas o de las mutaciones que vayan teniendo los grupos armados no estatales. 

Para el presidente del IPC, Carlos Zapata, la respuesta institucional ha sido descoordinada y, a pesar de algunas excepciones, ha tenido poco efecto en abordar los nuevos escenarios que amenazan a la sociedad civil debido a las acciones de las estructuras ilegales en Medellín. “Las administraciones locales se han centrado en la inversión excesiva de tecnología para la seguridad y en el aumento de pie de fuerza. Sin embargo, no se han observado acciones significativas en el ámbito de la paz”.

Asimismo, la ausencia significativa por parte del Estado en las comunas y veredas de Medellín, ha impedido una respuesta coordinada para proteger los derechos fundamentales de la población.

El profesor de la Universidad de Antioquia, Julián Muñoz, comenta que es necesario que la institucionalidad brinde confianza a los habitantes a través de sus diversas instituciones. “No se trata únicamente de imponer la fuerza de la ley o desplegar programas de atención social, sino también de cómo hacer para que la gente efectivamente reconozca que los agentes estatales son las autoridades legítimas para responder a esos reclamos y necesidades”.