Colombia sale de coalición LGBTIQ+ en medio de violencia
La salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos ocurre mientras persisten la violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+.
El Gobierno colombiano decidió retirar al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition, ERC), mecanismo que reúne a 44 Estados y organizaciones de la sociedad civil que protegen y promueven los derechos de las personas LGBTIQ+. Organizaciones sociales rechazaron la decisión y alertaron sobre la pérdida de un espacio de interlocución internacional, en un contexto en el que persisten asesinatos, amenazas y discriminación contra esta población.
La decisión fue comunicada por la Cancillería el 17 de septiembre de 2026 y tuvo efecto inmediato. La salida se produjo mientras el país ejercía la copresidencia, entre la Fundación Triángulo de España y la Corporación Caribe Afirmativo de Colombia. El gobierno explicó que la decisión fue adoptada después de un análisis de las prioridades de la política exterior. “Se identificó que la participación en este mecanismo no era prioritaria”, dijo Pedro Agustín Roa, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.
Organizaciones sociales rechazaron la decisión y pidieron al Gobierno explicar sus razones, al considerar que representa un retroceso en el liderazgo internacional de Colombia y en el compromiso con los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. “Entendemos que es libertad de un país retirarse, pero un presidente no se retira así como así”, enfatiza Wilson Castañeda, politólogo y director de la Corporación Caribe Afirmativo, y agrega que la entidad le hizo una propuesta al Gobierno de permanecer hasta el final de mandato, el cual finaliza en enero de 2027.
¿Qué es la Coalición por la Igualdad de Derechos?
El mecanismo fue creado en el 2016 como un espacio de cooperación entre Estados y sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. Su trabajo se desarrolla a través del intercambio de experiencias, cooperación internacional y grupos dedicados a políticas públicas, protección humanitaria y desarrollo sostenible.
El país había sido invitado desde los primeros años de la coalición, pero su participación solo se concretó durante el gobierno de Gustavo Petro. En diciembre de 2024, Colombia asumió la copresidencia junto con España. “Petro fue el primer presidente que honró la participación en el mecanismo. Pero eso trasciende a quien está en la presidencia”, enfatiza Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo.
Castañeda detalla que la participación de Colombia en el mecanismo permitía fortalecer el diálogo internacional, compartir experiencias y respaldar las demandas de las organizaciones sociales, facilitando que sus propuestas llegaran a las instituciones y se tradujeran en políticas públicas y acciones para garantizar los derechos humanos y la protección de la vida de la comunidad.
Se pierde un espacio de diálogo LGBTIQ+
La salida de la coalición no modifica por sí misma los derechos que las personas LGBTIQ+ tienen reconocidos en Colombia, pero deja un vacío en los mecanismos de interlocución internacional entre las organizaciones sociales y el Estado. “Esto puede repercutir en las garantías de los derechos de la comunidad en los territorios”, comenta Jhon Restrepo, activista y defensor de derechos humanos LGBTIQ+ de Casa Diversa de Medellín e investigador de la Corporación Caribe Afirmativo.
Desde su experiencia territorial, Restrepo considera que ese tipo de interlocución no significaba que la coalición ejecutara directamente políticas en los barrios o comunidades, sino que contribuía a fortalecer el diálogo entre las organizaciones y el Estado. “La participación en este espacio posibilita justamente que toda la apuesta, la lucha social de las organizaciones sociales y comunitarias, encontrara un eco institucional”, explica.
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La participación de Colombia en la Coalición por la Igualdad de Derechos permitió un avance significativo en el reconocimiento y participación de la comunidad diversa en espacios de toma de decisiones. “Por primera vez en muchos años en la historia de este país habíamos avanzado, no solo en tener acceso a derechos, sino en tener una institucionalidad que trabajara en función de las personas LGBTIQ+”, señala Restrepo, defensor de derechos humanos.
Colombia pierde presencia internacional
La Corporación Caribe Afirmativo considera que el retiro representa una pérdida de participación para Colombia en un espacio de cooperación internacional. “Es un desaire a la comunidad internacional, una ruptura con el liderazgo que Colombia había construido y una señal política inequívoca sobre el lugar que el actual Gobierno está dispuesto a otorgar a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+”, se lee en un comunicado de la entidad, publicado el 17 de septiembre del presente año.
Según Castañeda, pertenecer a la coalición tampoco representaba un gasto para el Estado: “Es gratuito, no le cuesta a Colombia ningún peso, las reuniones se realizan de forma virtual y los encuentros presenciales eran financiados por el propio mecanismo”, detalla.
Por otro lado, Restrepo comenta que la importancia de la participación del país estaba en la posibilidad de que Colombia intercambiara experiencias con otros países y reconociera tanto los avances propios como las prácticas desarrolladas en otros lugares.
Una decisión en un contexto de violencia
El retiro de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos se da en un contexto de violencia en los territorios. Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 fueron asesinadas 74 personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH). De ellas, 27 corresponden a casos identificados como transfeminicidios. Para el primer semestre del 2026, la entidad humanitaria reportó 31 asesinatos de personas OSIGNH, en los que se incluyen 17 transfeminicidios.
Para el activista Restrepo, el riesgo no se limita a los asesinatos; advierte que el control de los actores armados también afecta la vida cotidiana de las comunidades diversas. “Las mariquitas empiezan a ser violentadas, estigmatizadas, desplazadas y abusadas sexualmente, y esto puede terminar en asesinatos, especialmente en un país donde los actores armados ejercen control territorial”, explica el integrante de Casa Diversa.
Por su parte, Catañeda advierte que el retiro del país de este mecanismo internacional puede reactivar prejuicios y propiciar nuevas formas de violencia, como la estigmatización, el desplazamiento, las agresiones sexuales y los asesinatos. A estas preocupaciones se suma el posible retroceso en el acceso a oportunidades económicas y culturales, tras la cancelación de convocatorias dirigidas a emprendimientos LGBTIQ+ y el debilitamiento de espacios de reconocimiento artístico.
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Para las organizaciones sociales, la preocupación está en que el retiro de la coalición refleje una menor prioridad política del Gobierno hacia los derechos de las personas LGBTIQ+, lo que podría afectar a una población que ya enfrenta altos niveles de violencia y estigmatización. “Lo que queremos es que nuestro proyecto de vida pueda vivir en este país y dejemos de recibir discriminación, desprecio y exclusión”, señala Castañeda.
La salida no ha producido desmotivación entre las organizaciones sociales. Restrepo comenta que distintos colectivos continúan impulsando movilizaciones sociales, acciones jurídicas y espacios institucionales para defender sus derechos. “Hoy las organizaciones y las personas seguimos resistiendo”, enfatiza el defensor de derechos humanos.
