JEP imputa a Mario Montoya por crímenes en la comuna 13
Mario Montoya y José Leonardo Gallego, generales retirados, hacen parte de los doce exintegrantes de la fuerza pública imputados por la JEP por crímenes en la comuna 13 de Medellín.
Por su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la comuna 13 y zonas aledañas de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a doce antiguos integrantes de la fuerza pública. Entre los señalados están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes atribuyó responsabilidad por omisión, al considerar que no tomaron las medidas necesarias para prevenir o impedir los hechos violentos, pese a sus responsabilidades de mando.
La imputación fue realizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP, en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga los “crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto”.
Oscar Parra Vera, magistrado de la SARV, detalló que se la investigación identificó dos políticas macrocriminales: “la estigmatización de la población civil como integrante o colaboradora de las milicias por parte de integrantes del Ejército y de la Policía y la no agresión y colaboración entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares”, dijo en rueda de prensa, realizada el 30 de octubre.
Entre los hechos violentos más recurrentes cometidos por estas estructuras, se encuentra los homicidios, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles. “La investigación recogió los aportes de las víctimas y las organizaciones sociales y se articuló con la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y otros lugares”, señaló el magistrado Parra.
La JEP detalló que esta alianza se estableció entre integrantes de distintas unidades de la fuerza pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara (BCN). En ella habrían participado miembros de la IV Brigada del Ejército y sus unidades tácticas, así como de la Regional de Inteligencia Militar No. 6 (Rime 6) y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), incluidos el Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT) y las estaciones de Policía de Belén y San Cristóbal. Entre las unidades militares señaladas están el Gaula Militar Antioquia y los batallones Pedro Nel Ospina y Pedro Justo Berrío.
El magistrado explicó que la alianza permitió la consolidación del BCN y otras estructuras paramilitares en la comuna 13 y zonas cercanas, durante el periodo de confrontaciones con las milicias urbanas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP).
Según la investigación de la JEP, bajo el mando de los entonces oficiales Mario Montoya Uribe, Darío Enrique Cortés Castillo y José Leonardo Gallego Castrillón, integrantes de la IV Brigada, el Rime 6 y de la Meval promovieron una política de estigmatización que señalaba a habitantes y líderes comunitarios como integrantes o colaboradores de las milicias. “Las mujeres sufrieron esta violencia de manera desproporcionada. Fueron perseguidas por ejercer liderazgos comunitarios, señaladas por sus relaciones familiares y afectivas, y sometidas a violencia sexual”, enfatizó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP hasta el próximo 5 de noviembre.
Entre 2001 y 2004, la JEP identificó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la comuna 13 y sectores cercanos. Algunas fueron víctimas de más de un crimen. El registro provisional incluye 87 casos de desaparición forzada, 80 homicidios, 289 desplazamientos forzados, 74 hechos de lesiones personales, 34 de tortura, 7 de violencia sexual y 380 privaciones graves de la libertad. Además, documentó actos de persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) entre 2002 y 2004.
La violencia de las operaciones militares
La investigación judicial de la JEP permitió establecer que entre 2001 y 2003, la fuerza pública desarrolló 41 operaciones militares y policiales en la comuna 13. “Intervenciones como Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y Orión se cometieron graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”, dijo Parra.
El magistrado enfatizó que mientras se desarrollaban estas operaciones, estructuras paramilitares ampliaban su presencia mediante acuerdos explícitos y tácitos con integrantes de la Fuerza Pública, el DAS y el CTI. La expansión estuvo liderada principalmente por el BCN, comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, “Don Berna”, y el Frente José Luis Zuluaga, en articulación con la Oficina de Envigado. “Estos grupos combinaron acciones armadas, control social e integración de bandas locales para eliminar o cooptar a sus rivales, desarticular las milicias y controlar sus territorios y fuentes de ingresos” detalló Parra.
Para establecer cómo se produjo la colaboración entre la fuerza pública y los grupos paramilitares, la investigación identificó varios mecanismos: intercambio de información sobre personas señaladas de pertenecer o colaborar con las milicias urbanas; participación de guías e informantes paramilitares en operaciones oficiales; coordinación territorial bajo la lógica “usted entra y yo salgo”; articulación en combates urbanos y tolerancia estatal frente a las acciones paramilitares.
Durante la Operación Mariscal, desarrollada el 21 de mayo de 2002, la JEP documentó graves afectaciones a la población civil como consecuencia de la intervención militar y policial en la comuna 13 de Medellín. La investigación estableció que al menos nueve personas fueron asesinadas, cuatro de ellas menores de edad, y más de 30 civiles resultaron heridos. También identificó capturas irregulares y vulneraciones de los principios de distinción, proporcionalidad y violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que obligan a proteger a la población civil durante las operaciones armadas.
La JEP documentó la participación de la IV Brigada, la Meval y organismos de inteligencia y otras entidades estatales en la Operación Orión, desarrollada del 16 al 23 de octubre de 2002. La investigación estableció que el operativo contó con la colaboración de integrantes del BCN, quienes actuaron como guías, informantes y colaboradores de la fuerza pública.
La intervención dejó graves afectaciones a la población civil. El tribunal transicional identificó homicidios, torturas, detenciones arbitrarias, desplazamientos y otras violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Entre las víctimas estuvieron Diego Alexander Salazar y el seminarista Elkin de Jesús Ramírez Vélez. Además, documentó 40 personas lesionadas, entre ellas Adriana Mazo, quien recibió un disparo en el cuello que le causó una discapacidad permanente.
Durante el operativo fueron capturadas 292 personas, 248 de ellas sin orden judicial. Al menos 144 recuperaron su libertad por falta de pruebas entre octubre de 2002 y enero de 2003. También se documentaron 11 desapariciones forzadas. Varias víctimas fueron vistas por última vez en la Casa Orión, lugar utilizado para recibir, clasificar y realizar labores de inteligencia sobre las personas detenidas. En diciembre de 2024, la JEP recuperó en La Escombrera el cuerpo de una de las personas desaparecidas durante estos hechos.
La investigación identificó siete víctimas de violencia sexual, entre ellas niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y personas con identidades u orientaciones sexuales diversas. La sala concluyó que estas violencias fueron utilizadas como mecanismos de intimidación, castigo, dominación y control territorial.
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El tribunal transicional también documentó agresiones contra lideresas de la asociación AMI, como parte de una estrategia de persecución contra mujeres que ejercían liderazgo social y defendían los derechos humanos en la comuna 13. Entre las víctimas identificadas están María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina y Myriam Eugenia Rúa.
La JEP documentó 87 casos de desaparición forzada entre 2001 y 2003 y analizó el uso de esta práctica como mecanismo de control social, ocultamiento de las víctimas y generación de terror en la comunidad. La investigación también abordó los lugares de inhumación clandestina de la periferia de Medellín. En el sistema de lugares que incluye La Escombrera, el tribunal recopiló información que permite señalar que, al menos, 38 víctimas de desaparición forzada, correspondientes a los años 2002 y 2003, fueron inhumadas allí: 28 están plenamente identificadas y 10 permanecen por identificar.
Los máximos responsables
El tribunal transicional atribuyó responsabilidad a los máximos responsables conforme a la naturaleza de su intervención en el patrón macrocriminal. Como autores por omisión impropia, por el incumplimiento de sus deberes de mando, control, verificación, investigación y protección, fueron identificados el brigadier general (r) Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada; el coronel (r) Bernardo Gutiérrez Camelo, jefe de inteligencia (B-2) de la IV Brigada; el coronel (r) Jairo Bocanegra de la Torre, comandante del BIOSP; el brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, comandante de la Meval; y el coronel (r) Álvaro Botero Mejía, subcomandante operativo de la Meval.
Su responsabilidad se fundamenta en haber permitido, tolerado o no impedido la comisión de los crímenes pese a encontrarse en posición de garante. Por su parte, el coronel (r) Juan Armando René Cadena Montenegro, el capitán (r) Carlos Mauricio Rojas Martínez, el coronel (r) Julián Ernesto Cadena Castillo, el coronel (r) Darío Enrique Cortés Castillo, el mayor (r) Sergio Enrique Pérez García y el sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa responden como coautores, al haber realizado aportes esenciales a la planeación, ejecución o encubrimiento del plan criminal.
A su vez, el mayor (r) Jhon Jairo López Valencia responde como coautor por los homicidios cometidos en la operación Contrafuego y como autor por omisión impropia por los homicidios, lesiones, privaciones de la libertad y desaparición forzada ocurridos en las operaciones Mariscal y Orión.
El Movimiento de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Asociación de Víctimas Mujeres Caminando por la Verdad (AVMC) se pronunciaron sobre la decisión de la JEP. Aunque destacaron la importancia de identificar el entramado de articulación paraestatal, expresaron su preocupación por lo que consideran una inconsistencia profunda en la calificación jurídica de responsabilidad por omisión atribuida a los máximos comandantes militares y policiales.
Las organizaciones sociales consideran que esta calificación desconoce posibles acuerdos y responsabilidades directas de los altos mandos en la alianza entre la fuerza pública y los paramilitares, pese a que la propia investigación documentó mecanismos de coordinación para el control territorial y la persecución de la población civil.
También reclamaron que la valoración jurídica reconozca la responsabilidad de quienes dirigieron estratégicamente las operaciones y no contribuya a atenuar su papel. “De esa misma manera, mantendremos nuestras exigencias para que la justicia actúe, condene a los máximos responsables y le ponga fin a la impunidad que como víctimas hemos tenido que soportar”, se lee el comunicado de las organizaciones, emitido el 30 de octubre de 2026.
Margarita Restrepo, vocera de la Asociación de Víctimas Mujeres Caminando por la Verdad, señala que la decisión de la JEP es importante porque permite avanzar en las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos durante las operaciones militares y esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en ellos. “Lo importante es que continúan en el radar de la investigación y que los casos en su contra no se han cerrado”, detalla la líder social.
¿Qué viene ahora para los comparecientes y las víctimas?
Luego de la notificación, los doce imputados podrán reconocer su responsabilidad o controvertir los señalamientos con argumentos y pruebas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones. Si reconocen los hechos y aportan verdad, el caso pasará al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. De lo contrario, podrá remitirse a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para continuar el proceso judicial.
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