Colombia participó por primera vez en la COP4 del Acuerdo de Escazú, mientras persisten desafíos en la protección de líderes ambientales, el acceso a la información y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones ambientales.
Luego de la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2024, Colombia participó por primera vez en la COP4, realizada en Bahamas. Aunque este paso representa un avance en su implementación, el país aún enfrenta varios retos, como garantizar el acceso a información ambiental, fortalecer la participación de las comunidades en la toma de decisiones y proteger a los líderes ambientales en riesgo.
La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú se realizó del 21 al 24 de abril del presente año en Bahamas. Este tratado, el primero en América Latina y el Caribe en materia ambiental, busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental, además de promover la protección de las personas defensoras del ambiente.
Durante el encuentro se aprobaron varias medidas para fortalecer la implementación del tratado en la región, entre ellas la creación de grupos de trabajo sobre justicia ambiental y contaminación, así como acciones para reforzar la protección de líderes ambientales. Además, Colombia integrará la nueva Mesa Directiva del acuerdo.
Asimismo, el Gobierno colombiano presentó en la COP4 la hoja de ruta para la implementación del tratado. Según Julián Escobar, politólogo e integrante de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), esta propuesta tiene un enfoque territorial e incluye acciones con líderes sociales y entidades para fortalecer la protección de personas defensoras del ambiente. “La ruta busca promover espacios de participación y establecer acciones prioritarias en torno al Acuerdo de Escazú”, afirmó.
Agrega que el país ha avanzado en normas y acciones para implementar el acuerdo, pero persisten desafíos para aplicarlo en los territorios. “Aún falta garantizar una participación real de los defensores ambientales en los espacios de decisión y fortalecer la articulación entre las entidades”, dijo el integrante de CJL.
Agresiones contra defensores ambientales
Durante 2025, la violencia contra defensores de derechos humanos y ambientales continuó intensificándose en el gobierno de Gustavo Petro. Así lo señala el informe anual Promesas rotas, elaborado por la organización Somos Defensores, que reporta 165 asesinatos y 874 agresiones verificadas.
Estas cifras evidencian el aumento de las afectaciones humanitarias en las regiones y los riesgos persistentes para quienes defienden el territorio y los derechos humanos. Según Karol Sanabria, abogada e integrante de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), aunque el Gobierno ha avanzado en una política de garantías para líderes sociales, “aún no hay resultados concretos en la reducción de amenazas, hostigamiento y acoso contra defensores ambientales”, afirmó, y agregó que es necesario incluir un enfoque ambiental que se articule con el Acuerdo de Escazú y con el Acuerdo de Paz.
A esto se suma, según el Informe sombra sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, elaborado por la AAS, la invisibilización del rol de las personas defensoras ambientales en las decisiones judiciales, lo que dificulta identificar patrones de violencia y desarticular estructuras criminales. Además, persisten brechas críticas en los enfoques diferenciales, especialmente en materia de género, ya que la mayoría de las investigaciones por agresiones contra mujeres defensoras permanecen en etapas iniciales.
También detalla que la falta de sistemas de información integrados y confiables limita la identificación de patrones de macrocriminalidad y la coordinación de respuestas estatales efectivas. “La protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales exige superar un modelo centrado en respuestas reactivas y avanzar hacia un enfoque integral que articule de manera efectiva la prevención, la protección y la justicia”, se lee en el documento.
Lee también: Sin acuerdo global, aumenta la contaminación por plásticos
El politólogo Escobar señala que persiste una división institucional, en la que varias autoridades ambientales no asumen la protección de las personas defensoras del ambiente: “Estas entidades se excusan al señalar que están a la espera de lineamientos nacionales y que la protección de los líderes ambientales corresponde a otras instituciones, lo que limita la atención y respuesta hacia este grupo poblacional”, cuenta.
El acceso a la información aún es limitado
Esta situación se suma a las dificultades en el acceso a la información ambiental. Aunque el país cuenta con normas que garantizan el acceso a datos públicos, aún existen vacíos en su aplicación, advierte el informe de la AAS. Este marco normativo no fue diseñado para las particularidades de este tipo de información, lo que genera problemas en su implementación.
Conocer más: Pese a las lluvias, se siente más calor en el Valle de Aburrá
Aunque estas normas cumplen parcialmente con los estándares del Acuerdo de Escazú en materia de transparencia, aún persisten limitaciones importantes. Entre ellas, la falta de medidas que faciliten el acceso a la información para poblaciones vulnerables y de estrategias que hagan estos datos más claros, accesibles y comprensibles.
Además, el acuerdo establece que la información debe ser no solo ambiental, “sino también relacionada con daños a la salud e incluso al consumo, lo que amplía el alcance de la información que debe ser pública”, señala la abogada Sanabria, y agrega que se requiere fortalecer la divulgación activa, es decir, que las entidades no solo respondan cuando se les solicita información, sino que la publiquen de forma oportuna, completa y con criterios de calidad que realmente permitan su uso efectivo por parte de la ciudadanía.
Una participación limitada
Escobar señala que la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales sigue siendo desigual en las regiones, en especial en los procesos de consulta previa. “En estos espacios, no siempre se garantizan condiciones adecuadas de acceso a la información, representación efectiva ni la posibilidad real de influir en las decisiones, lo que limita el ejercicio pleno del derecho a la participación de las comunidades afectadas”, afirma el integrante de la CJL.
Por su parte, Sabrina sostiene que la existencia de mecanismos de participación no garantiza su efectividad, ya que se requiere información clara y espacios seguros para la participación ciudadana. “De nada sirve ofrecer espacios de participación si los líderes están amenazados, no pueden asistir o incluso reciben amenazas durante los mismos procesos”.
Agrega que el marco normativo colombiano aún no desarrolla completamente el contenido del derecho de participación tal como lo plantea el Acuerdo de Escazú, lo que genera vacíos en su aplicación. También se ha limitado el enfoque de inclusión, dejando por fuera otras formas de vulnerabilidad más allá de lo étnico. Sin embargo, algunas experiencias en el territorio muestran que, cuando hay voluntad institucional, es posible avanzar hacia una participación más efectiva, lo que incluso ayuda a reducir conflictos socioambientales.
Obstáculos en el acceso a la justicia ambiental
Para Julián Escobar uno de los problemas para garantizar la justicia ambiental en los territorios es que, aunque existen leyes y mecanismos para proteger los derechos ambientales, en la práctica los procesos suelen ser lentos y poco efectivos. Las demoras en juzgados y entidades pueden empeorar los daños ambientales y afectar a las comunidades.
Por su parte, Sanabria detalla que otro de los desafíos son las dificultades económicas y técnicas que enfrenta un amplio número de personas, en especial las comunidades vulnerables. Los altos costos, la dificultad para obtener pruebas y la desigualdad frente a empresas u otros actores hacen más difícil el acceso a la justicia y la defensa del ambiente.
Lee también: Atropellamiento de fauna en Antioquia revela fallas en vías
Además, el informe de la AAS da cuenta que un amplio número de autoridades y jueces no cuentan con suficiente conocimiento en temas ambientales, y las normas no se aplican igual en todos los territorios. Esto hace necesario fortalecer la justicia ambiental para que sea más rápida, accesible y realmente efectiva para las comunidades.
Aunque Colombia ha avanzado en la construcción de una ruta institucional para implementar el Acuerdo de Escazú, organizaciones y expertos coinciden en que el principal desafío sigue siendo traducir esos compromisos en garantías reales para las comunidades y las personas defensoras del ambiente en los territorios.
